El recrudecimiento del conflicto armado en el departamento de Arauca, en el primer semestre del año, debe llamar la atención del alto gobierno y las autoridades departamentales y locales, por cuanto el número de personas desaparecidas ascendió a 73, es decir, 38 más que en el mismo periodo del año anterior. A la cruda situación se suma, como lo reportó días atrás la Defensoría del Pueblo, al menos 78 homicidios.
No obstante, es tan crítico lo que está ocurriendo, que durante todo el 2023 la Defensoría tuvo conocimiento de la desaparición de 113 personas, de 37 aún no tiene conocimiento de su paradero. Y en el caso del 2024, de 29 aún desconoce su suerte. Uno de los más recientes casos, ocurrido el 6 de mayo pasado, fue el del ganadero Uriel Parales, de 64 años, que habría sido secuestrado en el municipio de Cravo Norte y de quien hasta el momento no se tiene información alguna. En otras palabras, en el último año y medio no se sabe nada de 66 personas, a quienes sus familias, con esperanza y fe, aún siguen esperando.
Para la entidad, es de suma preocupación las graves vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH) cometidas por los grupos armados al margen de la ley que delinquen en el departamento, como el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, con el accionar de su Comando Conjunto de Oriente, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), a través de su Frente de Guerra Oriental.
El sometimiento a ‘juicios’.
De acuerdo con la información entregada por los familiares de las víctimas, las personas serían identificadas y abordadas por sujetos armados que, mediante intimidación, las someten y se las llevan con rumbo desconocido. En la mayoría de los casos serían sometidas a ‘juicios’ que incluirían torturas y castigos, con el fin de comprobar o descartar si hacen parte de o colaboran con otro grupo armado contendor. En otros casos, las motivaciones de las retenciones podrían ser económicas o extorsivas.
Adicionalmente, la Defensoría tiene conocimiento de que existe un subregistro importante de desapariciones, pues los familiares se niegan a hacer las respectivas denuncias ante las autoridades, por temor a represalias de los captores. También ha conocido que se arriesgan a hacer acercamientos en privado, con tal de tener información de sus seres queridos y lograr su regreso a casa, sanos y salvos.
La desaparición forzada, como práctica atroz en el desarrollo del conflicto armado, además de que se constituye en una evidente violación a los derechos humanos, se convierte en crimen de lesa humanidad cuando es cometida de manera generalizada o pasa a ser una práctica sistemática, como está sucediendo en Arauca.
Los grupos armados deben renunciar a tan cruel delito y el Estado, actuar.
El Comando Conjunto de Oriente y el Frente de Guerra Oriental, como llamado de la Defensoría del Pueblo, deben ponerle fin a tan violenta práctica, la cual subyuga a la población civil, produce terror y causa sufrimiento a las familias de los afectados y la sociedad en general, además de que es constitutiva de vulneraciones a los derechos a la libertad, la seguridad, la vida, entre otros.
A las instituciones del Estado les solicita prestarle atención especial a la compleja situación de orden público que sigue viviendo el departamento, con el encaminamiento de acciones que permitan mitigar sus efectos, los cuales vulneran los derechos de las comunidades e infringen el DIH.
La entidad nacional garante y protectora de los derechos humanos, atendiendo a su espíritu misional, reiteró la disposición de sus canales humanitarios para que mujeres y hombres reportados como desaparecidos, sin importar las pretensiones de quienes los puedan tener en su poder, regresen lo más pronto posible al seno de sus hogares.
